En
algunos casos los jueces han invalidado determinadas cláusulas de un contrato,
desfavorables para el “consumidor”, por entender que dichas condiciones no
quedaban suficientemente explicitadas al figurar en lo que se ha dado en
denominar “letra pequeña”.
Pues,
a efectos prácticos, cabría considerar (desde el punto de vista moral) como “letra
pequeña” todas aquellas disposiciones que, afectando gravemente a los derechos
del ciudadano (no hablo del consumidor que es un personaje que cada vez me
interesa menos), quedan emboscadas en los
recovecos de las páginas del Boletín Oficial del Estado, sin
que los responsables de su promulgación lancen una “alerta naranja” (o roja) a
la ciudadanía de a pie para que sepa a qué atenerse.
Hoy
he recibido este texto escrito por Ángeles Maestro (Nines Maestro), exconcejala
exdiputada, médico de profesión (en activo), persona conocedora del mundo sanitario
y luchadora impenitente en defensa de la Sanidad Pública, en el que nos ilustra
sobre la exclusión del sistema público sanitario de los parados sin
prestaciones y subsidios y las personas que pasen más de 90 días en el
extranjero (becarios Erasmus, sin ir más lejos)
Igualmente
pone el acento en la gravísima perversión del lenguaje que supone el pasar a considerarnos
“asegurados” en lugar de usuarios, así como otra serie de consideraciones que
más nos valdría conocer antes de que la realidad nos abra desagradablemente los
ojos.
Para
mí, estas disposiciones, camufladas en la “espesura” de las 528 páginas de
los Presupuestos Generales del Estado de 2014 y varios Reales-Decretos,
debieran tener la consideración de “letra pequeña”.
Y
los ciudadanos debiéramos denunciar a quienes “la escriben”
He
intentado localizar el texto publicado en alguna página de internet y como, de
momento no lo he localizado, lo transcribo directamente, tal cual lo he
recibido.
Intentando
mantener la “equidistancia” y corrección política, hubiera preferido suprimir
los 6 últimos párrafos en los que hace un llamamiento a la rebelión y
descalifica severamente al sistema político.
Pero,
por un lado, tengo que respetar la integridad del texto y, por otro tengo que
añadir que, a título personal, comparto tanto su análisis de las razones que subyacen
tras estas políticas, como su descarnada opinión sobre el sistema y los personajes
que las perpetran.
Quizá
yo lo hubiera dicho algo más suavemente; pero lo cierto es que se trata de una
política “criminal” y que afecta a los estratos más débiles de nuestra
sociedad, que por alguna curiosa (y estúpida) razón, solemos rechazar el calificativo de “clase
trabajadora”.
Saludos.
Ahí
queda el texto tal cual lo he recibido (sin aditivos, ni colorantes)
Ángeles
Maestro
La Ley de Presupuestos
para 2014i anula, desde el pasado 1 de enero, el
derecho a la asistencia sanitaria a las personas sin trabajo que hayan agotado
las prestaciones y subsidios por desempleo y que pasen más de 90 días en el
extranjero. Dado el creciente número de personas, la mayor parte jóvenes, que
se ven obligadas a emigrar en busca de empleo - se calcula que 2013 salieron
600.000 personas y en que 2012 lo hicieron 476.000 – la repercusión de esta
medida puede ser muy importante.
La medida añade a la
exclusión de los inmigrantes sin papeles del derecho a la sanidad a un
colectivo indeterminado de personas, pero sin duda creciente debido a los
elevados índices de desempleo y de precariedad, especialmente entre los
jóvenes. El 56% de paro juvenil y más del 75 de empleo precario son cifras estremecedoras,
que se unen al cerca del 24% de personas entre 15 y 29 que ni estudian, ni
trabajan. La marcha al extranjero para trabajar y/o estudiar es la vía de
escape de una situación sin salida que utilizan cada vez más jóvenes.
Pero lo peor es que el proceso
no se detiene aquí. La finalidad central del Real Decreto 16/2012 que lleva por
cínico título “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”es la
introducción del concepto de “asegurado” (artº1). Este criterio es
absolutamente inaceptable en un sistema sanitario financiado casi
exclusivamente a través de los impuestos, que cada vez más son indirectos y que
los pagamos todas las personas. El criterio sirve al objetivo de ir sumando
requisitos e ir expulsando a los sectores con menos recursos del acceso a la
sanidad pública.
Este Real Decreto ya
obligaba a las personas mayores de 26 años que no estuvieran afiliadas a la
Seguridad Social, y que no cobraran prestación o subsidio de desempleo a
declararse como “sin recursos” en una oficina de la Seguridad Social para tener
acceso a la cartilla sanitaria.
El camino que nos
preparan, si no lo paramos, es sin lugar a dudas el de Grecia. De las personas
paradas, griegas o inmigrantes, están excluidas de la asistencia sanitaria
todas aquellas menores de 55 años que no hayan estado inscritos en la oficina
del paro durante al menos doce meses y hayan cotizado 600 jornadas laborales,
con un aumento de 100 jornadas por cada año para las mayores de 30 años. En el
caso de las paradas de más de 55 años, el requisito es que hayan estado doce
meses al menos inscritos en el paro y hayan cotizado tres mil jornadas. Cerca
de la mitad del millón doscientas mil personas desempleadas no tienen
asistencia sanitaria. Cuando se le
diagnostica un cáncer a una persona sin seguro, “el sistema simplemente hace
caso omiso de ella”, “No puede acceder a la quimioterapia, ni a la
cirugía, ni siquiera a medicamentos sencillos”ii.
Cada
vez está más claro que, junto a la destrucción y concentración de capital, las
políticas de los gobiernos persiguen la destrucción de los sectores sociales
que el capital no necesita como mano de obra y que considera un lastre porque
consumen grandes recursos: personas mayores pobres, paradas pobres y enfermas
crónicas pobres. Hay datos suficientes para afirmar que, a diferencia de lo que
los gobiernos declaran, la eliminación física de estos grupos sociales constituye
un objetivo y no una consecuencia “no deseada”, pero “inevitable” de sus
políticas.
El
ensañamiento con las personas jóvenes, que no tendrán jamás derecho a una
pensión mínimamente digna, a quienes se condena vivir entre la precariedad y el
paro, y a quienes se les niega ahora el derecho a la asistencia sanitaria en el
caso de que se vean obligadas a salir al extranjero para trabajar, es un
escarnio fruto de un capitalismo podrido que muestra su cara más bárbara: la
destrucción de los sectores de la clase obrera que no necesita para la
producción y especialmente de la juventud.
Si ese
es el futuro que nos preparan, a nostras y nosotros nos corresponde tomar las
decisiones necesarias para impedirlo. Paso a paso, persona a persona, debemos
recorrer el camino, que solamente se abre con la lucha, para construir nuestro
propio poder.
En
cuanto a la nueva medida de exclusión de la sanidad pública, la respuesta debe
ser decidida. La juventud, junto a la clase obrera inmigrante y las
organizaciones populares, deben organizar la movilización para echar atrás esa
nueva norma criminal.
La
organización y la fuerza se construyen paso a paso, y ésta es una buena
oportunidad para avanzar en la conciencia de clase y para la construcción de la
unidad con la clase obrera inmigrante. A medida que el poder muestra su rostro
más bárbaro, más gente es capaz de identificarlo. Ahora la tarea es levantar la
respuesta del pueblo.
Siete
de enero de 2014
i http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf
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