2/2/14

La libertad de expresión y el “poder” del poder (económico)



 
Hace algunos días, deambulando por la zona (y refiriéndose al Edificio España) un amigo llamó mi atención sobre el dislate que suponía mantener sin uso un edificio tan gigantesco como ese durante tanto tiempo (más de siete años)
Y nos preguntamos quien sería el propietario que podía permitirse tal lujo, privando de paso a la ciudad de la utilización de los muchos miles de metros cuadrados (más de 65.000) que albergan sus tripas.
En aquel momento, nos limitamos a reflexionar sobre el despilfarro y la injusticia que suponía dicho estado de cosas y la irresponsabilidad de la administración por no hacer uso de las herramientas legales (de las que ya dispone) para evitarlo.
Casualmente hace un par de días llamó mi atención esta información:
Y, tras leerlo, pienso que este es un ejemplo palmario de cómo los mismos individuos que habitualmente ponen el grito en el cielo por la falta de libertad de expresión en la isla de Cuba o en Venezuela, son los mismos que usan de su poder para presionar, amedrentar o arruinar a quienes simplemente quieren contar algo que (a ellos) les desagrada.
Y dado que muy probablemente los autores del documental (que más bien debe ser una película)  no van a poder exhibir su trabajo en ninguna sala comercial debido a las amenazas de ese “padrone” del casino financiero y la política que es D. Emilio Botín, he decidido contarlo, porque pienso que tenemos derecho a saber las circunstancias y los motivos de esa censura.
Y hete aquí que, mientras rastreo buscando alguna foto del edificio con la ilustrar el texto, me topo con estas otras informaciones que hacen encajar las piezas del interés del banco Santander porque no se hable del asunto:

Aunque este tipo de actuaciones no resulta infrecuente, quizá debiéramos reflexionar sobre estas dos cuestiones:
      La impunidad con la que una empresa puede impedir la difusión de información que, aun siendo cierta, considera que afecta negativamente a sus intereses. Y ello con independencia de si (contractualmente, como parece ser el caso) tiene “derecho” a hacerlo.
      La impotencia, pasividad y connivencia de las administraciones públicas que consienten:
a) El mantenimiento de un edificio vacío sin penalizarlo fiscalmente (la Ley contempla varias posibilidades) para forzar su puesta a disposición de la sociedad.
b)     La destrucción del patrimonio histórico (perfectamente utilizable, aprovechable y rehabilitable) de una ciudad simplemente para aumentar las expectativas de negocio de una empresa privada.
A este paso, con actuaciones como ésta y la que le van a consentir al “Marqués de OHL” (Juan Antonio Villar-Mir) en la plaza de Canalejas, las ciudades, y más concretamente la nuestra, empezarán a ser un trasunto del desierto de Tabernas (Almería) en el que, tras las calles de los poblados del salvaje oeste, se oculta “la nada”  de una historia y un lugar inexistentes cuya única realidad son las fachadas.
Vale la pena meditarlo; Ya que, aunque de otra índole distinta a la del saqueo de las arcas y los servicios públicos, esta destrucción es sencillamente otra cara de la misma moneda.
El saqueo de patrimonio urbanístico, histórico, artístico y constructivo de una ciudad para engordar (quizá) las cuentas de unos negociantes apátridas, insolidarios e incultos que, con el consentimiento de los gobernantes, van a cometer un nuevo atentado contra la memoria de una ciudad y contra el medio ambiente; Ya que la demolición y  nueva construcción del edificio (si se perpetra) será, innecesariamente, mucho más agresiva que su rehabilitación.

Y, costando lo mismo (o más), generará muchos más residuos contaminantes y despilfarro energético y muchos menos puestos de trabajo
Saludos.