Y
no estoy hablando de la decisión que finalmente pueda adoptar el TSJM sobre la
suspensión cautelar del proceso de privatización.
Ni
tampoco me preocupa la mentirijilla del Sr. consejero, afirmando que otro
tribunal de lo contencioso había denegado dicha suspensión. (Para quien no
acierte a entenderlo, aclaro que dicha “denegación de suspensión” era relativa
a la subsanación de errores de los pliegos del concurso por la reducción de las
cuantías de los avales; Y, efectivamente, eso ya es agua pasada).
Mi
preocupación (grave preocupación) es tanto por el futuro profesional (y
personal) del magistrado D. Marcelino Sexmero Iglesias, como -sobre todo- por
la losa de silencio (judicial) con la que pretenden sellar el maloliente
estercolero que es la política de desmantelamiento de la sanidad pública
madrileña y la entrega de sus (apetecibles y valiosos) despojos a “la iniciativa privada”
Los
hechos a los que aludo tienen todo el aspecto de reproducir anteriores, vergonzosos y
obscenos episodios judiciales mediante los cuales, los fiscales, con el
beneplácito (o el indisimulado apoyo) del
Fiscal General del Estado, El Consejo General del Poder Judicial y algunas salas
de los tribunales superiores, han impedido que se investiguen determinadas actuaciones
susceptibles de poder ser consideradas delictivas.
Digo
esto porque la secuencia de los hechos y el patrón de comportamiento de esa
parte (poderosa) del aparato judicial en aquellos casos, se asemeja como las
gotas de agua al procedimiento que en estos momentos se pretende enterrar para
siempre:
1
Afecta
a personajes muy poderosos (diríase que son “hijos de obispo”)
2 Aunque
los comportamientos eran claramente indecentes o injustificables, iban saliendo
adelante gracias a las palancas de las mayorías absolutas, el Boletín Oficial,
la prensa “amiga” y la política de hechos consumados.
3
Se
ventilaba mucho dinero en “el negocio”
4
El
conocimiento público de los hechos podía mermar (más aún) la ya mermada confianza,
no ya de los ciudadanos, sino de los propios “fieles”.
5 Si
las investigaciones se llevaban adelante, no sólo peligraba “el negocio”, sino
incluso el certificado de antecedentes penales (y la libertad de mopvimientos) de determinados “prohombres”.
6
Si
por alguna inoportuna denuncia no había más remedio que abordar “el asunto”, primero
se dejaba que el juez iniciase la investigación y, cuando las cosas ya empezaban
a tomar un aspecto amenazante (para algunos), irrumpía el fiscal defendiendo a
los presuntos delincuentes, acusando al juez poco menos que de prevaricación y
pidiendo (a coro con los abogados defensores) la anulación del proceso (o el archivo de la causa).
7
Los
tribunales “superiores”, o de segunda instancia, daban la razón a los
defensores y al fiscal y ordenaban al juez que se “abstuviera” de seguir “enredando”.
8
Con
un poco de mala suerte (y la ayuda de la prensa “amiga”) se sacaban a relucir
las multas de tráfico del juez y se le incoaba un expediente por, maltratador, “vago”, “maleducado”, prevaricador, o (en algún caso) por solicitar, mediante
carta pública, una subvención para unos cursos a las mismas empresas que
financiaban los cursos de los jueces que le expulsaban de la carrera judicial.
Por eso, porque me preocupa que
vuelvan a enterrar este nuevo asunto sin que ni siquiera lo lleguemos a conocer,
es por lo que dejo aquí este enlace del único medio que recoge esta información,
para que -si alguien opina como yo y desea hacerlo- ayude a difundirla.
Para
quien albergue dudas sobre la posible imparcialidad del magistrado D. Marcelino
Sexmero Iglesias, diré que “Es el
portavoz de la moderada Asociación Francisco de Vitoria”
Y
por si alguien quiere “asomarse” a los posibles entresijos del asunto, remito (perdón
por la autocita) a una reflexión que me hice allá por el mes de marzo que incluía
un par de informaciones de lo más didáctico.
La
cosa es tan simple como leerlas, seguidas (y atar cabos)
Saludos.
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