Ha
pasado prácticamente desapercibida una información publicada el pasado 30 de
abril cuya importancia, a mi entender, va mucho más allá de los hechos que se
relatan.
En
esencia, lo que se cuenta es que la Comunidad de Madrid es la responsable patrimonial
de una negligencia médica cometida por un hospital (Valdemoro) cuya asistencia
sanitaria está “privatizada”.
Con
independencia de que finalmente y ante lo escandaloso del caso parece que al final
será Capio quien pague la factura (125.057,54 €), la gravedad del asunto
estriba en los siguientes hechos:
1º Que un niño que recién nacido que presentaba
diversos síntomas de patología cardíaca fue dado de alta (tras acudir varias
veces al hospital Infanta Elena de Valdemoro (Capio) “sin que conste que se realizase prueba de imagen diagnóstica
para descartar patología cardíaca alguna”.
2º Que, varios meses después, sus padres,
desconfiando del Hospital de Valdemoro acuden con la criatura al Hospital del Niño
Jesús (público) cuyo personal, ante la gravedad de su dolencia lo remiten ese mismo día al
Hospital La Paz (público), donde finalmente es operado.
3º Que todo este impresentable episodio se ha
debido fundamentalmente a que “la actuación del Servicio de Pediatría del Hospital
Infanta Elena de Valdemoro se puede decir que ha sido muy económica por no
utilizar los medios diagnósticos necesarios. Y por la misma razón no ajustada a
la lex-artis” (texto
de la sentencia)
4º (Y lo más
grave) Que la demora (más de 7 meses) en el diagnóstico y operación de la patología
ha dejado con secuelas de carácter permanente a este niño para el resto de su
vida.
Estas
son parte de las consecuencias -gravísimas consecuencias- de mercantilizar la
salud de los ciudadanos.
Convendría
meditar sobre ello. Porque (con independencia de si Capio paga o no la
indemnización) a ese crío y a su familia, la “eficacia de la gestión privada”
les ha jodido una parte de sus existencias.
Que
se sepa.
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario