Exigir responsabilidades por la vía judicial

Llevo mucho tiempo preguntándome y preguntando a mi alrededor, por qué razón, en muchas y muy notorias ocasiones en las que se detectan, y “se prueban”, conductas “impropias” (por decirlo con el eufemismo de la Casa Real) o negligentes, por parte de altos cargos, no se ponen los hechos a disposición de la fiscalía por parte de quienes, como funcionarios o representantes políticos, están legal y moralmente obligados a velar por el cumplimiento de la Ley y a evitar perjuicios para el interés general.

En esta línea encuentro incomprensible (o tal vez demasiado “comprensible”) la cadena desatinos que llevó a situar la estación del AVE de Guadalajara a 11 Km. de la ciudad, o la declaración de interés público de la construcción de unas autopistas de peaje basadas en unas previsiones de tráfico y costes de inversión manifiestamente irreales.

Mucho más cuando a ese último dislate se añadió el aumento exponencial de los costes de construcción (sin control administrativo, dado que se trataba de promotores privados) y de las expropiaciones, cuyo incremento, según opiniones autorizadas (de la propia administración), ha llegado a ser de hasta el 4.000 % (sí, 40 veces) sobre los costes inicialmente previstos y habituales en este tipo de operaciones.

Bueno: pues la comisión de todas estas tropelías no hubiera resultado tan sencilla si los funcionarios responsables de los “Informes” hubieran estado en "su sitio" y se hubieran negado a bendecir con su firma, o su silencio, los distintos “Estudios” en que se basaron todas estas decisiones (Estafas en mi opinión) cuyo fracaso termina recayendo finalmente sobre el contribuyente.

Porque, aunque inicialmente nos lo vendieron (en el caso de las autopistas) como una inversión que hacía generosamente el sector privado a su riesgo y ventura, finalmente seremos los ciudadanos quienes pagaremos esas expropiaciones infladas hasta 40 veces sobre su valor objetivo y los sobrecostes (sin control) de las obras que enriquecieron a propietarios (¿recientes?) de suelo, empresas constructoras y bancos prestamistas que hoy exigen la salvación de unas empresas concesionarias deliberadamente saqueadas por sus propios promotores y hoy arruinadas.

Pero mucho más grave aún fue la irresponsabilidad del Banco de España y el Ministerio de Economía por su negligencia en la supervisión de los bancos.

Traigo todo esto a colación hoy porque, en este caso (el de los bancos), existen pruebas documentales de la dejación de funciones de muchos políticos y altos cargos (comenzando por los gobernadores del Banco de España) que, si no directamente de la cárcel (cosa que estaría por ver), son en mi opinión merecedores de la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cualquier cargo público, de la expulsión de sus respectivos colegios profesionales (economistas y abogados casi todos ellos) por falta deontológica grave y del embargo de sus bienes, salarios y derechos pasivos  (pensiones) presentes y futuros, para resarcir, aunque sea infinitesimalmente, el daño económico causado.

Un veterano perroflauta del 15-M (gracias, Julián) me ha enviado hoy un resumen de parte de las cartas que la “Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito” (del Banco de España) remitieron, en el año 2005, al entonces Ministro de Hacienda Sr. Solbes, ante la callada por respuesta de los distintos responsables del Banco de España a quienes fueron informando, uno a uno, siguiendo lo que se llama el “conducto reglamentario”

La autenticidad de dicha información me fue confirmada hace ya algunos meses por personas a las que considero suficientemente conocedoras del asunto y perfectamente fiables.

Recomiendo descargar el fichero pdf. cuyo enlace dejo a continuación, para que quien quiera pueda tomar conciencia de la irresponsabilidad de algunos supuestos “responsables”

Copia de las cartas de los Inspectores del Banco de España (año 2005) alertando de la Burbuja Crediticia y la Burbuja Inmobiliaria (documento pdf)

Y ahora, mi pregunta es:

¿por qué, a partir de estos hechos acreditados, no se exigen responsabilidades políticas, administrativas, penales y económicas a quienes corresponda?. Desde el Sr. Solbes, hoy cómodamente sentado en poltrona de empresa privada, tras salir del gobierno por la “puerta giratoria”, hasta los distintos cargos del Banco de España que miraron para otro lado ante la denuncia y el aviso de lo que se estaba fraguando y finalmente contribuyó a la actual ruina del país.

Y mi propuesta:  

Que algunos de los partidos políticos con medios materiales para ello, aparte de presentar la correspondiente propuesta de investigación en el Congreso (que obviamente será desestimada por la confluencia de intereses entre los partidos mayoritarios), inicien acciones legales ante la Fiscalía.

Y, también, acciones informativas ante los medios de comunicación, para que, si finalmente dichos comportamientos no se castigan con las penas de la Ley se sancionen al menos con el desprestigio profesional y el desprecio social.

Y me estoy refiriendo a este asunto concreto, pero también a otros muchos, hoy desconocidos, pero a los que muchos  funcionarios honestos, si quisieran, podrían poner fecha y nombres, haciendo algo menos atractiva y gratuita la costumbre de algunos de ellos de “fabricar” informes y resoluciones a la medida de los deseos e intereses de “sus señoritos” a cambio de halagos o prebendas.

Esto no cambiaría el mundo, pero ayudaría a que no empeorara tan rápido.

Y podría ser uno de los frentes de la recuperación de los valores morales, la dignidad profesional y el aislamiento de los parásitos que hoy ahogan a toda la sociedad.   

Saludos.