26/11/14

Nos quieren robar el agua



Intentando ser breve diré que el acceso al agua potable, aunque no aparece explícitamente reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (24-X-1945) fue posteriormente incorporado mediante una Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de julio de 2010 (Resolución 64/292 El derecho al agua y el saneamiento) y que el suministro de agua potable garantiza una notable mejora de la salud de la población y ahorra innumerables gastos al sistema público sanitario y enfermedades, dolor, o simples molestias, a los ciudadanos sin distinción de su poder adquisitivo.
Por otra parte, para quien lo ignore, conviene saber que El Canal de Isabel II, fundado por el ministro D. Juan Bravo Murillo en 1851, ha sido históricamente una empresa que, además de gestionar eficazmente el abastecimiento de Madrid y gran parte de los municipios de la Comunidad, y pese a haber acometido en la segunda mitad del siglo pasado importantísimas inversiones en la renovación y mejora de la red de almacenamiento y suministro, ha obtenido, año tras año, beneficios multimillonarios que ha dedicado a promocionar actividades culturales (Teatros del Canal), cubrir o mejorar dotaciones de servicios (regeneración del cauce del río Manzanares) y a financiar otras actividades o infraestructuras al servicio de los ciudadanos.

A partir de esas mismas fechas también comprendió que no bastaba con “abastecer” sino que además, había que devolver el agua utilizada a los cauces de los ríos ya limpia y depurada y en la actualidad gestiona la totalidad de lo que se llama el “Ciclo integral del agua”
Y todo ello manteniendo unos precios al consumidor francamente ajustados y una calidad sanitaria difícilmente mejorable.

En cuanto a la excelente calidad organoléptica (sabor) del agua de Madrid hay que decir que, aparte de la buena gestión, el mérito fundamental lo tiene la zona granítica sobre la que se asienta nuestra Comunidad.
Dicho esto quiero llamar la atención sobre el saqueo económico que pretende perpetrar el gobierno regional mediante el vaciamiento de la saneada tesorería de dicha empresa (hoy todavía completamente pública) por la vía del masivo reparto de dividendos (para tapar sus vergüenzas presupuestarias y las de los ayuntamientos) y a la vez endeudarse en casi cien mil millones de Pesetas (600.000.000 €) mediante la emisión de bonos que el día de mañana permitan justificar la entrada en su capital  de cualquier multinacional con el pretexto de aligerar su deuda.
En su día pensé, y sigo manteniendo la misma opinión,  que el proceso de apropiación del Canal se diseñó y preparó cuidadosamente en tiempos de Esperanza Aguirre con la conversión de la empresa en una Sociedad Anónima y el anuncio de que se privatizaría el 49% de su capital “para que el Canal fuera de todos los madrileños”  (hasta ahí llegó la desvergüenza de esa buena señora)
El siguiente paso consistía en que D. Miguel Blesa, al frente de Cajamadrid facilitaría la financiación necesaria a las personas “adecuadas” para que pudieran adquirir con dinero “legal” la mayor parte del capital privatizado para posteriormente, aprovechando las penurias económicas de los ayuntamientos, ir comprándoles a estos poco a poco sus acciones y conseguir la mayoría en unos cuantos años.
Afortunadamente el hundimiento de los mercados en 2008 frenó en seco la operación.
Pero hoy, los robaperas que nos gobiernan, conscientes de que les acaba el tiempo de la mayoría absoluta y la impunidad legal, quieren dejar incubado el “huevo de la serpiente (en forma de deuda) para, mañana poder rematar el atraco.
Por este motivo invito a quienes esto leyeren y juzguen atinados estos razonamientos a acudir a las concentraciones antes mencionadas.
Y, sobre todo, porque la pelea será larga y dura y nadie puede defender lo que no comprende, a informarse de todo lo que se mueve alrededor de este turbio negocio de la privatización del abastecimiento de agua para consumo humano que las grandes multinacionales intentan acaparar, hoy con poco éxito, pero mañana (si se aprueba el Tratado de Libre Comercio con EEUU) con la posibilidad de que puedan reclamarle a los distintos estados simplemente porque consideren que con sus leyes nacionales estén limitando sus posibles beneficios.
Saludos.