Intentando ser
breve diré que el acceso al agua potable, aunque no aparece explícitamente
reconocido en la Declaración
Universal de Derechos Humanos (24-X-1945)
fue posteriormente incorporado mediante una Resolución aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 28 de julio de 2010 (Resolución
64/292 El derecho al agua y el saneamiento) y que el suministro de agua
potable garantiza una notable mejora de la salud de la población y ahorra innumerables
gastos al sistema público sanitario y enfermedades, dolor, o simples molestias,
a los ciudadanos sin distinción de su poder adquisitivo.
Por otra parte,
para quien lo ignore, conviene saber que El Canal de Isabel II,
fundado por el ministro D. Juan Bravo Murillo en 1851, ha sido históricamente
una empresa que, además de gestionar eficazmente el abastecimiento de Madrid y
gran parte de los municipios de la Comunidad, y pese a haber acometido en la
segunda mitad del siglo pasado importantísimas inversiones en la renovación y
mejora de la red de almacenamiento y suministro, ha obtenido, año tras año, beneficios
multimillonarios que ha dedicado a promocionar actividades culturales (Teatros
del Canal), cubrir o mejorar dotaciones de servicios (regeneración del cauce
del río Manzanares) y a financiar otras actividades o infraestructuras al servicio de los
ciudadanos.
A partir de esas
mismas fechas también comprendió que no bastaba con “abastecer” sino que
además, había que devolver el agua utilizada a los cauces de los ríos ya limpia
y depurada y en la actualidad gestiona la totalidad de lo que se llama el
“Ciclo integral del agua”
Y todo ello
manteniendo unos precios al consumidor francamente ajustados y una calidad
sanitaria difícilmente mejorable.
En cuanto a la
excelente calidad organoléptica (sabor) del agua de Madrid hay que decir que,
aparte de la buena gestión, el mérito fundamental lo tiene la zona granítica
sobre la que se asienta nuestra Comunidad.
Dicho esto quiero
llamar la atención sobre el saqueo económico que pretende perpetrar el gobierno
regional mediante el vaciamiento de la saneada tesorería de dicha empresa (hoy
todavía completamente pública) por la vía del masivo reparto de dividendos (para
tapar sus vergüenzas presupuestarias y las de los ayuntamientos) y a la vez
endeudarse en casi cien mil millones de Pesetas (600.000.000 €) mediante la
emisión de bonos que el día de mañana permitan justificar la entrada en su
capital de cualquier multinacional con
el pretexto de aligerar su deuda.
En su día pensé, y
sigo manteniendo la misma opinión, que
el proceso de apropiación del Canal se diseñó y preparó cuidadosamente en
tiempos de Esperanza Aguirre con la conversión de la empresa en una Sociedad
Anónima y el anuncio de que se privatizaría el 49% de su capital “para que el
Canal fuera de todos los madrileños” (hasta
ahí llegó la desvergüenza de esa buena señora)
El siguiente paso
consistía en que D. Miguel Blesa, al frente de Cajamadrid facilitaría la
financiación necesaria a las personas “adecuadas” para que pudieran adquirir
con dinero “legal” la mayor parte del capital privatizado para posteriormente,
aprovechando las penurias económicas de los ayuntamientos, ir comprándoles a estos
poco a poco sus acciones y conseguir la mayoría en unos cuantos años.
Afortunadamente el
hundimiento de los mercados en 2008 frenó en seco la operación.
Pero hoy, los
robaperas que nos gobiernan, conscientes de que les acaba el tiempo de la
mayoría absoluta y la impunidad legal, quieren dejar incubado el “huevo de la
serpiente (en forma de deuda) para, mañana poder rematar el atraco.
Por este motivo invito
a quienes esto leyeren y juzguen atinados estos razonamientos a acudir a las
concentraciones antes mencionadas.
Y, sobre todo,
porque la pelea será larga y dura y nadie puede defender lo que no comprende, a
informarse de todo lo que se mueve alrededor de este turbio negocio de la
privatización del abastecimiento de agua para consumo humano que las grandes
multinacionales intentan acaparar, hoy con poco éxito, pero mañana (si se
aprueba el Tratado de Libre Comercio con EEUU) con la posibilidad de que puedan
reclamarle a los distintos estados simplemente porque consideren que con sus
leyes nacionales estén limitando sus posibles beneficios.
Saludos.
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