Los
castellano-manchegos ya están en condiciones de afirmar que, gracias a su
gobierno regional, pueden considerarse “casi” al mismo nivel que los ciudadanos
norteamericanos.
Al
menos en lo que a asistencia sanitaria se refiere.
Y
digo casi porque, por lo poco que sé, “aquello” (lo de los EEUU) deber ser aún
bastante peor.
De
momento, para hacerlo menos traumático, hablan solo “de un inmigrante irregular”
como si éstos no fueran seres humanos titulares del derecho a la salud que
reconoce el artículo 43 de la constitución española.
Y,
de paso, se nos oculta que dicha “terapia asistencial” será de aplicación a los
parados sin prestación, los becarios o estudiantes que no hayan cotizado y
otros colectivos de personas económica y socialmente indefensas que son quienes
precisamente menos pueden afrontar dichos gastos.
Hoy
sale en “los papeles” Castilla-La Mancha, pero el futuro (negro futuro) será
igual para todos, con independencia de que de momento haya regiones más
“adelantadas” y otras que se resisten a entrar en el paraíso de la asistencia
sanitaria “de pago”.
Así
que más vale que nos vayamos preparando.
Con
un poco de suerte quizá no lleguemos a necesitar tratamiento de
hemodiálisis (15.579,20 Euros anuales
por una sesión semanal). O, en caso de accidente, o enfermedad grave (los
dioses no lo quieran), nuestra estancia en la UCI no sea superior a 5 días (7.936,980
€).
Quizá,
también, tengamos la suerte de que el nacimiento de nuestro hijo (o, en mi caso,
nieto) sea un “Parto vaginal sin complicaciones” y sólo tengamos que pagar
2.511,65 €.
Pero
lo que me preocupa es que, tras revisarme las 10 páginas de la “Resolución
de 2/08/2013, de la Dirección Gerencia, sobre precios a aplicar por sus centros
sanitarios a terceros obligados al pago o a los usuarios sin derecho a asistencia
sanitaria. [2013/9804]” (que en esencia no es otra cosa que el libro de
tarifas del “negocio sanitario a costa
de los desfavorecidos de Castilla-La Mancha), es que la lista de achaques y tratamientos
es tan extensa que estoy convencido que, antes o después, la mayor parte de los
ciudadanos tendremos que terminar pasando “por
caja”, salvo que milagrosamente consigamos conservar indefinidamente nuestras tarjetas
sanitarias.
Además,
nuevamente nos amenazan con una cosa, pero persiguen otras que nos ocultan.
Es
evidente que en la mayoría de los casos no van a poder cobrarle a quien no
tiene y, en general, terminarán atendiendo a casi todo el mundo en los casos
más graves; pero con este libro de tarifas lo que están sentando son las bases
del sobreprecio que tendremos que pagar los contribuyentes a las concesionarias
de los hospitales privatizados por atender a las personas sin tarjeta
sanitaria.
Dinerito
que cobrarán aparte dado que sus contratos son solo para atender a la población
con tarjeta y estos “sujetos” carecen de ella.
Entremedias
nos encontraremos con casos como el de ciudadano senegalés fallecido recientemente
en Palma de Mallorca por no poderse
pagar una radiografía.
O
con una familia modesta a la que un simple catarro mal curado termine
arrastrando al cabeza de familia, primero al hospital y después, si las cosas
se tuercen, a la ruina económica a toda la familia.
Empiezo
e entender la obsesión de mis abuelos de guardar dinero "por si llegaba una
desgracia”
Creí
que -desde hace 30 años- esos temores habían quedado conjurados gracias a la
solidaridad de todos redistribuida a través del Estado de Derecho; pero veo
que, más o menos, aquello fue “flor de un día”
Me
gustaría que todos los que hoy contemplamos este escenario desde la confortable
distancia de creer que “a nosotros no nos afecta”, tengamos la lucidez de echar
la vista atrás para recordar las siguientes cuestiones:
1º Que no
hace ni siquiera 5 años tu empresa no podía despedirte sin un motivo muy claro
y tenía que hacerlo con la autorización de un juez y, en la mayoría de los
casos, indemnizándote con 45 días de salario por año trabajado, y hoy basta con
que tu empresa alegue que prevé ganar menos dinero del que pensaba para poder
ponerte de patitas en la calle con 20 días por año trabajado (eso si tienes
suerte)
2º Que no hace ni siquiera cinco años lo peor que
podía ocurrirte (laboralmente hablando) es que el incremento del sueldo pactado
en el convenio fuera menor que el IPC; pero ni por asomo te podían bajar el
sueldo.
3º Que no hace ni siquiera cinco años el término
mileurista se aplicaba conmiserativamente a aquellos infelices (generalmente
jóvenes en su primer empleo) cuyo sueldo rondaba los 1.000 € mensuales y, hoy
ese mileurismo resulta un sueño inalcanzable para muchos trabajadores “hechos y
derechos” y perfectamente capacitados.
4ª Que no hace ni siquiera cinco años si el
médico te daba la “baja por enfermedad” la Seguridad Social (no tu patrón)
pagaba tu sueldo íntegro y tus seguros sociales y hoy, a partir de unos pocos
días de baja, puedes terminar cobrando tan sólo el 40% de tu sueldo habitual.
Y finalmente
,y para no hacer esta lista interminable:
5º Que no hace ni siquiera 5 años si tenías la
mala fortuna de quedar en paro y agotabas la prestación sin encontrar trabajo, o
incluso si por cualquier razón nunca habías cotizado a la seguridad social
(caso de la mayoría de los estudiantes) sabías que seguías teniendo derecho a
la asistencia sanitaria como el resto de tus conciudadanos y hoy, son múltiples
los supuestos en los cuales puedes perder tu tarjeta sanitaria y verte obligado
a suscribir un “Convenio especial de prestación de asistencia sanitaria” previo
pago de 60 € mensuales (o 157, si eres más o menos viejo, o estás algo
achacoso).
Y
esto, si nos callamos, es tan solo el principio.
Porque
si este gobierno ha sido capaz de semejante destrozo en tan sólo 15 meses, más vale pararle los pies desde ahora dado que, a poco que nos descuidemos, aún dispone de otros dos años y medio para seguir destrozando
todo lo público.
Meditemos, descansemos y hagamos acopio de fuerzas (y razones) para este próximo otoño.
Nos van a hacer falta
Meditemos, descansemos y hagamos acopio de fuerzas (y razones) para este próximo otoño.
Nos van a hacer falta
Saludos.
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