No valen excusas, pero tampoco “emboscadas”

El pasado 21 de abril me despaché con un texto que titulé “No valen excusas” insistiendo en la necesidad de ser muy taxativos con todos los comportamientos que pudieran resultar “dudosos” y propuse que en caso de duda nos situáramos, como se hace en construcción, en la hipótesis más desfavorable. 

Hoy mantengo lo dicho, pero a la vista de los hechos comprobados, vuelvo al mismo foro para denunciar la “emboscada” tendida contra D. Antonio Rodrigo Torrijos y para apoyar públicamente su candidatura una vez comprobado que a día de hoy no está imputado tal y como en su momento se publicó. Y, en mi opinión, creo que en el futuro, tampoco lo va a estar (al menos a título personal).

Y también para denunciar el montaje de unos medios de comunicación amarillos e indecentes que montan una emboscada electoral a quien les parece.

Y también para llamar la atención de Consejo General del Poder Judicial sobre el "peculiar" comportamiento de una jueza que va por ahí haciendo profecías sobre decisiones que son de su competencia y aún no ha tomado. Tanto más cuanto que, al parecer, pudiera tener algún agravio personal contra el “candidato a imputado”

“El 7 de abril se conoció un auto de la jueza Mercedes Alaya que lo imputa por su "responsabilidad" en la venta supuestamente irregular -la adjudicataria fue una empresa que ofrecía 52 millones menos que otra- de los suelos de Mercasevilla, sociedad mixta de la que fue vicepresidente.”   

Si la señora jueza tuviera dos dedos de frente o algo de vergüenza habría debido exigir pública rectificación de esa “noticia” o habría sustanciado el famoso “auto”

Y también, muy especialmente, para decir a los compañeros del presunto imputado, que pidieron públicamente su cabeza (personas todas ellas serias y respetables), que debieran “enterarse bien” de las cosas antes de abrir la boca.

Mal está que un servidor, fiándose de la “prensa”, colabore en la ceremonia de la confusión, pero peor aún que sus propios compañeros de partido (supongo que lo son) pidan su crucifixión dando por sentadas afirmaciones que resultan ser falsas.

Y también, finalmente, para llamar la atención del candidato y su entorno, que no sé si es que no han sabido, o no han podido o no les han dejado, poner en claro la situación, para que, ante hechos como éste, hilen lo más fino posible y expliquen las cosas con muy pocas palabras.

En mi modesta opinión bastaba con haber explicado que no existía tal imputación, aclarando que, si se llegara a producir, en ese mismo momento, se retiraría de la lista

Hoy, a la vista de los “hechos hasta hoy comprobados” respondo, aunque sea tarde, al escrito de D. Juan Torres López y suscribo la carta que adjunta.

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Correo recibido de Juan Torres López (Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla)

Estimadas compañeras, estimados compañeros:

Me permito utilizar esta vieja lista de unicrísis para solicitar un momento de reflexión sobre algo que me parece realmente grave que viene sucediendo en Sevilla y que sorprendentemente no parece que merezca la respuesta de tantas personas como se sienten progresitas, de izquierdas o sencillamente deseosas de que en nuestra sociedad prevalezca el respeto a los derechos humanos básicos.

 Hace casi justo un mes, y justo cuando Izquierda Unidad hacía público su compromiso de no presentar candidatos que estuvieran imputados, desde el juzgado que lleva el "caso Mercasevilla" se filtró que el candidato de esa coalición está imputado.

A partir de ahí se produce un verdadero linchamiento público hacia una candidatura cuyos resultados serán seguramente decisivos para que la derecha recupere o no el gobierno de la ciudad.

Los hechos, muy someramente resumidos, son los siguientes:

-        Un mes después de esa filtración el candidato de IU NO HA RECIBIDO NOTIFICACIÓN ALGUNA SOBRE SU POSIBLE IMPUTACIÓN- La filtración señala que se le imputaría por ser responsable de que los terrenos de Mercasevilla se vendieran mediante concurso y no mediante subasta.

-        Algo que el candidato presuntamente imputado apoyó porque ese fue el acuerdo de Izquierda Unida con el objetivo de que a cambio de los terrenos el ayuntamiento no solo pudiera recibir más o menos dinero sino también otros beneficios no monetarios. Discutible o no pero una decisión permitida por la ley. - Se imputa exclusivamente al representante de IU cuando la decisión se tomó en el consejo de administración con el voto de todos sus miembros, pertenecientes a todos los partidos políticos. –

-        La jueza que lleva el caso es la esposa de una persona que en su día fue despedida de Mercasevilla. Fue recusada pero no quiso dejar el caso. En mi opinión se trata de un caso más de la administración muy arbitraria de la justicia que se viene dando en España y que lleva a que mientras que personas como Garzón o ahora el candidato de IU son perseguidos, los líderes de la derecha o los grandes empresarios salgan de rositas porque sorprendentemente sus casos prescriben uno detrás de otro.

Yo creo que es hora de que la ciudadanía reaccione y es lo que he decidido hacer escribiendo el artículo que acompaña a este mail. Me dirijo a vosotros solicitando vuestra firma para publicarlo en algún medio o al menos divulgarlo por la red con el máximo de apoyo. Sé que es algo más comprometido de lo habitual pero creo que el asunto y la situación política en la que estamos reclama algo más que compromisos fáciles.

 Como creo que no hace falta mucho tiempo para decidir si se apoya o no, esperaré hasta el miércoles 11 por la tarde y a partir de ahí le daré salida con las firmas que se hayan sumado, sean muchas, pocas o ninguna más que la mía. Por supuesto, se puede hacer cualquier tipo de modificación en el texto para mejorarlo en la línea en que se crea conveniente.

Un abrazo y os ruego disculpéis si os he incomodado o distraído vuestra atención

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Carta que remitirá Juan Torres con las firmas de los que tengamos a bien suscribirla.  (si deseas suscribirla, incluye tus datos personales y remítela a juantorres@us.es)

¿JUSTICIA O CAZA DE BRUJAS?

Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Torrijos, estaba imputado.

Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que Izquierda Unida no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado ayuntamiento sevillano.

La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.

A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados. No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra...) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.

Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la jueza que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de Izquierda Unida. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y  personal gravísimo por los que la jueza debiera haber respondido ya.

Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.

Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de Izquierda Unida que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarios. Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios. Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Antonio Torrijos cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.

Es obligado recordar así mismo que la jueza responsable de la filtración, dado que ella es quien debe custodiar los documentos de su oficina, y por tanto del daño que se está produciendo al candidato, fue recusada en su día por ser esposa de una persona hace tiempo despedida de la empresa en cuestión. No afirmamos que se esté produciendo de esta manera una venganza pero sí podemos afirmar con rotundidad que la jueza actúa con una severidad moral frente a Antonio Torrijos que no aplica a su propio comportamiento.

Finalmente, queremos expresar que afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando.