Y
no estoy hablando de la decisión que finalmente pueda adoptar el TSJM sobre la
suspensión cautelar del proceso de privatización.
Ni
tampoco me preocupa la mentirijilla del Sr. consejero, afirmando que otro
tribunal de lo contencioso había denegado dicha suspensión. (Para quien no
acierte a entenderlo, aclaro que dicha “denegación de suspensión” era relativa
a la subsanación de errores de los pliegos del concurso por la reducción de las
cuantías de los avales; Y, efectivamente, eso ya es agua pasada).
Mi
preocupación (grave preocupación) es tanto por el futuro profesional (y
personal) del magistrado D. Marcelino Sexmero Iglesias, como -sobre todo- por
la losa de silencio (judicial) con la que pretenden sellar el maloliente
estercolero que es la política de desmantelamiento de la sanidad pública
madrileña y la entrega de sus (apetecibles y valiosos) despojos a “la iniciativa privada”
Los
hechos a los que aludo tienen todo el aspecto de reproducir anteriores, vergonzosos y
obscenos episodios judiciales mediante los cuales, los fiscales, con el
beneplácito (o el indisimulado apoyo) del
Fiscal General del Estado, El Consejo General del Poder Judicial y algunas salas
de los tribunales superiores, han impedido que se investiguen determinadas actuaciones
susceptibles de poder ser consideradas delictivas.
Digo
esto porque la secuencia de los hechos y el patrón de comportamiento de esa
parte (poderosa) del aparato judicial en aquellos casos, se asemeja como las
gotas de agua al procedimiento que en estos momentos se pretende enterrar para
siempre:
1
Afecta
a personajes muy poderosos (diríase que son “hijos de obispo”)

