Aunque
es lamentable tener que alegrarse de estas cosas, no queda más remedio que
darles la bienvenida en tanto no tengamos unos gobernantes que defiendan el
interés común.
No
deja de ser un contrasentido el que, para intentar frenar una fechoría tan
grave como es la privatización de un servicio público, haya que recurrir a la legislación fiscal en
lugar de a la denuncia lisa y llana de la propia privatización.
Es
algo parecido a lo que ocurrió en los años 30 en Chicago con Al Capone, que
nunca pudo ser procesado por gánster, pero terminó pasando 9 años a la sombra
por evasión de impuestos.
En
todo caso hay que alegrarse de esta decisión (del ayuntamiento) ya que muchas
veces bastaría con hacer cumplir la ley (y aplicar el espíritu de las propias
leyes) para hacer inviables una buena parte de estos impresentables negocios que
se realizan a costa de derechos básicos de los ciudadanos y se garantizan con fondos
públicos.
Que,
al menos, los licitantes vayan tomando nota de que, incluso con estos “malgobernantes”,
no todo el monte es orégano.
Ahora
sólo queda esperar el resultado del contencioso; porque si resulta favorable al
ayuntamiento puede traer mucha más cola que los 100.000 € anuales del IBI.
Ojalá
se le abra una nueva vía de agua a ese barco pirata que es la privatización
sanitaria.
Saludos.
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