Lamento tener que utilizar este duro calificativo; pero “delincuente” me parece
quien, arbitrariamente, utiliza el poder que tiene, o el puesto que ocupa, para
aligerar los gastos de un negocio privado cargándolos a la cuenta de las
instituciones y servicios públicos.
Y
digo acorralando porque, desde hace mucho tiempo (antes de esta última oleada
de barbarie y rapiña económica) he venido pensando que una de las más sólidas
líneas de defensa de la sociedad civil frente a los depredadores, es la
exigencia firme del estricto cumplimiento de los contratos que tan gentilmente
se adjudican a las “eficaces” empresas privadas y -sobre todo- la denuncia ante
los tribunales de los incumplimientos o los comportamientos dolosos.
Y
éste de derivar a los enfermos de sida desde el hospital de Valdemoro
(eficazmente privado) a los hospitales públicos, es un caso patente de “incumplimiento de contrato” por parte de sus
gestores; de comportamiento inmoral por parte de todos los profesionales que
avalen con sus decisiones, sus firmas (o su silencio) esas derivaciones; y un
caso igualmente patente de corrupción, por parte de los funcionarios de la
Consejería de Sanidad si no investigan a fondo y llevan a los tribunales a los
responsables de estas actuaciones que lesionan el interés público que deben
defender.
Eso
por no hablar del derecho de los pacientes, a los que se manda a seguir su
tratamiento al quinto coño (de su lugar de residencia), tan sólo para engordar
los beneficios de la empresa, que prospera
a costa mermar la calidad de la atención de los pacientes (por los que cobra).
Y
estoy esperando con muchas ganas que alguien saque a la luz pública ese
escándalo que es el que, a muchas personas, les estén dando cita para realizarse
pruebas diagnósticas en el Hospital de Capio (seguirle llamado Fundación
Jiménez Díaz, me parece un insulto a la memoria de su fundador) incluso a
las 12:00 de la noche, mientras en los
hospitales públicos, los equipos se oxidan, los reactivos se arrancian y a los
médicos y profesionales se les reduce la
dedicación (y el sueldo) o se les rescinde el contrato (eventual).
Eso
es un escándalo mayúsculo que hay que empezar a denunciar.
Pero
para ello hay que respaldarlo con la denuncia de los propios pacientes.
Saludos.
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