Vale que no nos peleemos entre nosotros. Pero, al menos, que no nos engañen.

Digo esto, porque aprecio en mi entorno una cierta división de opiniones entre los que consideran que el tan traído y llevado acuerdo social representa un “éxito” ya que servirá para evitar “males mayores” y los que, como yo mismo, pensamos que: vale, que quizá, la manifiesta debilidad de los sindicatos y el “pasotismo” de la ciudadanía, cuya única respuesta consiste en proferir improperios contra todo aquello que “se mueve”, mientras degustamos animadamente el café de “media mañana, nos obliga a ser coherentes y asumir nuestra impotencia. Hasta ahí, de acuerdo.

Pero, a estos últimos, no se nos puede pedir que, además, cerremos los ojos a la cruda realidad, ni, mucho menos, que aplaudamos nuestra propia crucifixión, por mucho que al gobierno y los partidos que le respaldan así les convenga en este momento y nos amedrenten con la llegada del Partido Popular.

Por esta razón, y aunque con independencia de mis propias preferencias políticas intento, dentro de lo posible, evitar la “propaganda partidaria”, me parece oportuno transcribir el planteamiento que con respecto al asunto de las pensiones aprobará previsiblemente la única “fuerza (ciertamente escasa) parlamentaria” que finalmente se opondrá al recorte (otra cosa no es) de las pensiones; dado que todos los demás, incluido el Partido Popular, bendecirán este nuevo diezmo que los ciudadanos con menor poder adquisitivo habrán de ofrecer para calmar la ira de “los mercados”, garantizar los pagos a la banca extranjera y costear los extravagantes y obscenos sueldos y “planes de pensiones” de los banqueros y altos ejecutivos de las grandes empresas.
Tiene narices que estos señoritos (en el peor sentido de la expresión), disfruten de sueldos astronómicos y jubilaciones milmillonarias pagados por las empresas, mientras a los españolitos de “a pié” nos recetan la ineludible necesidad de atrasar la fecha de retiro y juntar una cifra imposible de días cotizados para recibir una “pensionceja” más bien escasa.

Lo dicho: transcribo la parte del texto que se refiere a las pensiones y, al final del texto, por si algún osado tiene la curiosidad y la paciencia de leérselo, facilito un enlace donde descargar el documento completo.

Reforma del sistema público de pensiones

El anteproyecto de ley de reforma del sistema público de pensiones, tal y como lo ha anunciado el gobierno, representa el ataque más brutal a las conquistas y los derechos de los trabajadores de todo el periodo democrático.

Cuando esté en plena aplicación, representará un recorte de las pensiones equivalente a tres puntos del PIB de ese momento y un retroceso similar en la participación de las rentas salariales en la renta nacional.

Implicará dos años menos de pensión para cada pensionista, es decir, calculando en 20 años la vida media posterior a la jubilación, una pérdida media del 10 por ciento de las cantidades a percibir por ésta –que no debemos olvidar nunca que es salario diferido-.

Supondrá, además, un 6,15 por ciento de pérdida del valor de la pensión como consecuencia del aumento del periodo de cómputo de 15 a 25 años, puesto que aunque el impacto de las cotizaciones esté ponderado en función del IPC, esta ponderación deja a un lado los avances en las carreras profesionales, y lo normal es empezar a trabajar con categoría y retribución muy inferior a cuando se finaliza.

Por último, si se exigen 38 años y medio o 37 para alcanzar el 100 por 100 de la base reguladora –en la actualidad 35-, los trabajadores que no lleguen a lo que denominan “carrera laboral completa” perderán porcentajes significativos de su pensión y no percibirán en el futuro la pensión completa a la que hoy tendrían derecho. Podemos calcular en torno a un 20 por ciento la pérdida medida de cada pensión cuando el sistema esté plenamente en aplicación.

Además, tal como se están configurando otros aspectos de la reforma laboral, mediante los cuales se estimulará la contratación parcial y temporal, las “carreras laborales completas” serán prácticamente imposibles.

IU no comparte los fundamentos de esta Reforma:

• el sistema público de pensiones español no está en riesgo y, en todo caso, su estructura actual permite mejoras importantes sin atacar a sus elementos esenciales. No hay que olvidar que incluso con más de cuatro millones y medio de parados el Fondo de Reserva sigue creciendo y la Seguridad Social tiene superávit por más que a su Secretario General se le pierdan en un mes más de once mil millones de euros de ingresos no financieros.

• Tampoco compartimos que la reforma de las pensiones tenga algo que ver con la actual crisis económica. Estamos ante una falacia sin ningún tipo de fundamento serio. En primer lugar porque la reforma propuesta será aplicable plenamente en 2027 y confiamos que para entonces la crisis económica sea un mal recuerdo. Pero sobre todo porque lo que realmente se pretende es fomentar los fondos privados de pensiones dando más beneficios a la banca y aseguradoras y muy especialmente asegurar que en ese horizonte temporal el Estado tendrá los recursos suficientes para pagar a los bancos la refinanciación de su deuda. Este es el meollo de la cuestión. A eso viene Merkel a España. Se llevará seguramente, entre otras, un certificado por el que Rodríguez Zapatero se compromete a respaldar la deuda de los bancos privados españoles con los bancos alemanes a costa de las pensiones del sistema público.

• Abrir la Seguridad Social a los fondos complementarios de pensiones es simplemente establecer un sistema de dos velocidades. Una para los que se tengan que conformar con pensiones recortadas y precarias y otra para los que, con salarios altos, puedan pagar un plan complementario beneficiado fiscalmente con los impuestos de todos los contribuyentes.

El horizonte pues se caracterizará por dos elementos esenciales que desde luego  Izquierda Unida no comparte:

a) Un empobrecimiento general de los trabajadores actuales cuando lleguen a ser pensionistas (posiblemente más de 15 millones de personas, que en su inmensa mayoría verán recortados sus ingresos por pensión en una etapa de la vida en que los recursos suficientes son imprescindibles.

b) Un incremento de la desigualdad social, porque aquellos que percibieron altos salarios durante su vida profesional tendrán pensiones complementarias a las que no podrán acceder otros con salario s bajos y contrataciones precarias e intermitentes.

Lo que plantea el Gobierno y la derecha, es decir PP, PSOE y los nacionalistas de derechas, son más años de trabajo, más años de cotización y menores pensiones.

Mientras tanto los grandes bancos anuncian interesantes beneficio en época de crisis, 4.606 millones de euros el BBVA y 8.181 el Santander, es decir, más recortes sociales, la banca gana. Lo que planteamos desde Izquierda Unida es más empleo, mejores salarios y mejores pensiones.

Lo correcto hubiera sido que cualquier reforma del sistema público de pensiones forme parte de los programas políticos de las distintas fuerzas para que los ciudadanos puedan decidir con su voto en las próximas elecciones. En todo caso IU anticipa que  la mejora de las pensiones formará parte de su programa electoral y que reclamaremos el voto y la confianza de los ciudadanos para cambiar los fundamentos de esta reforma.

El futuro de las pensiones públicas y sus mejoras no vendrá por el recorte de las pensiones, sino por la mejora de los ingresos. En primer lugar y por encima de todo, de la creación de empleo. En segundo lugar, por la incorporación de la mujer al trabajo remunerado salarialmente y la equiparación de sus salarios con los de los hombres. En tercer lugar por la elevación de los salarios y la productividad. En cuarto lugar por la eliminación del fraude fiscal y la economía sumergida y el aumento de las cotizaciones máximas para reforzar el principio de solidaridad.

Para nada de esto hay medidas concretas en el anteproyecto anunciado por el Gobierno, solo escasas y vagas intenciones, mientras que para el recorte hay cantidades, plazos, medidas y controles.

Estamos ante un empobrecimiento programado a futuro de la sociedad española, un retroceso de la cohesión y de la justicia social. La reforma de las pensiones afectará de derecho a todos los trabajadores actuales a partir de los que cumplen 63 años en este año y a todos los trabajadores futuros; y de hecho, con recortes efectivos en su pensión, a más del 80 por ciento de los pensionistas futuros.

http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2011/2/4/1296860135272Informe_coordinadorIU_CPF5feb2011.pdf